Pablo Benito para Periodismo Salvaje – El caso de Carlos Andrés Vaudagna, quien ocupó cargos de alta jerarquía en la provincia de Santa Fe durante más de 20 años, resulta inédito en la historia del organismo recaudador nacional. La AFIP tiene como regla la rotación periódica de los altos funcionarios para promover la transparencia y reducir los riesgos de corrupción. En promedio, estas rotaciones ocurren cada 3 a 5 años. Sin embargo, el caso del hoy investigado por la Justicia Federal es una excepción notable. Vaudagna comenzó en la Regional 2 Santa Fe como jefe interino de fiscalización el 12 de marzo de 2002. Posteriormente, se convirtió en director del mismo distrito el 17 de marzo de 2009, cargo que ocupó hasta 2014. Ese año fue transferido a Rosario, también como director, en el marco de la unificación de las Regionales Rosario I y Rosario II, lo que amplió su poder en un distrito estratégico para el crimen financiero. Mantuvo ese cargo hasta 2020.
El tiempo es poder
Esta irregularidad explica la logística criminal investigada por la Unidad de Delitos Económicos del MPA, caso que luego fue profundizado por el fiscal de Reconquista, Roberto Salum. La investigación surgió a partir del peritaje del celular de Vaudagna, incautado en 2021, aunque, extrañamente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no presentó una denuncia judicial pese a los graves indicios de una red de operaciones que involucraba a importantes empresarios y miembros de distintos poderes del Estado, tanto nacional como provincial.
La trama
El celular de Carlos Vaudagna, incautado en 2021 y sometido a un nuevo peritaje por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), fue la clave para que la Justicia Federal lograra reconstruir una compleja logística presuntamente diseñada por el funcionario de la AFIP. Actualmente, Vaudagna se encuentra con licencia psiquiátrica en su cargo como director de la Regional Río Cuarto.
Según la investigación, Vaudagna habría creado un entramado para canalizar ingresos provenientes de su actividad como «asesor» fiscal. Esta estructura incluía el uso de testaferros para adquirir empresas fantasmas, el control de mutuales para triangular pagos y dificultar el rastreo de activos, así como la inversión en propiedades registradas a nombre de familiares directos y personas de su confianza.
El flujo multimillonario de dinero negro provenía de los servicios ofrecidos por el funcionario desde la propia AFIP, gracias al manejo discrecional de su poder de inspección sobre empresas, funcionarios públicos de los tres poderes y actividades vinculadas al comercio criminal.
Las comunicaciones extraídas del celular de Vaudagna evidencian que el funcionario era un engranaje principal dentro de un sistema que generaba ingresos ilícitos a partir del manejo de retornos y porcentajes de lo evadido. Su limitada capacidad para «blanquear lo propio», junto con su confianza en la impunidad derivada del poder de su cargo, lo llevaron a consolidar esta estructura corrupta durante más de dos décadas.
Testaferros
Carlos Vaudagna habría utilizado numerosos nombres de terceros como “socios aparentes” para, según la investigación, blanquear el producto de sus actividades ilícitas e incorporarlo a su patrimonio personal. Los principales involucrados incluyen a su esposa, Marisa Gauchat; su madre, Marisa Luisa Moietta; su hermano, José Vaudagna; y socios como Alex Oggioni, Marisel Bonino, Diego Machisio, Juan Bastia y Gustavo Galoppe, entre otros.
Tanto su esposa como su madre aparecen como compradoras, el 14 de septiembre de 2021, de la empresa Alma Láctea SRL, de la cual son titulares actualmente.
En mensajes descifrados por la Justicia, correspondientes a la fecha de compra de las acciones de Alma Láctea SRL, Vaudagna comunicaba a sus “contribuyentes” de manera emotiva que:
«Les comento cómo terminé cerrando el acuerdo de venta de las acciones y cuotas sociales de ambas sociedades. Por supuesto, se tienen que conocer algunos de ustedes, pero yo, que los conozco a todos, tengo plena confianza en que nos guía un espíritu común de esfuerzo y de saber ganar con sacrificio propio sin perjudicar a nadie, es decir, cumpliendo cabalmente los compromisos».
Facturas de la “economía social”
De los chats extraídos del celular del exdirector de AFIP Santa Fe y Rosario se infiere que cobraba «honorarios» a través de la Asociación Mutual de Prestaciones Santa Fe para la Salud, Farmacia y Vivienda, presidida formalmente por Rubén Oggioni (cuyo hijo, Alex, es parte de Alma Láctea SRL). Ambas figuras están relacionadas también con un equipo de Turismo Carretera. Según la investigación, los «clientes» debían transferir los pagos a una cuenta del Banco Bica.
Durante 2021, esa cuenta recibió millonarias sumas en concepto de “honorarios” de empresas como la tabacalera For Men S.A. y Asesoramiento Comercial S.R.L. En distintos mensajes, Vaudagna instruía a sus socios sobre cómo manejar la mutual, no solo para recibir honorarios, sino también para ofrecer el servicio a directivos de empresas que necesitaban justificar gastos.
«Quema esos chats»
En uno de los mensajes recuperados, Vaudagna escribió:
«Tenemos que ir creciendo y, a medida que caminemos, vamos agregando contenido a la prestación. Otra de las alternativas que te decía es que muchas veces los directivos están pasados de gastos personales; les podemos dar el CUIT de la mutual para que, a través de ella, canalicen las erogaciones que no pueden justificar.»
Además, las comunicaciones revelaron que Vaudagna mantenía contacto directo con jueces como Sailman y Bailaque, quienes, en ocasiones, debían decidir en investigaciones que lo involucraban. Esto refuerza la hipótesis de que el funcionario utilizaba su influencia para obtener fallos favorables o archivar investigaciones.
La causa hoy
En las próximas semanas, Carlos Vaudagna será citado a indagatoria por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. La acusación también ha solicitado medidas cautelares sobre siete inmuebles, tres automóviles, bienes propios, la participación en cuatro empresas, cuentas bancarias, subcuentas comitentes y cajas de seguridad.
La magnitud del patrimonio en juego demuestra el daño inconmensurable al fisco y a la recaudación del Estado. Esta situación evidencia la discrecionalidad de la presión fiscal ejercida por una persona que, durante 20 años, fue jefe de la política tributaria en la provincia de Santa Fe.
Resulta difícil creer que esta trama no haya contado con la complacencia de altas esferas del poder, o que su acción no haya sido utilizada como herramienta política. Tampoco es creíble que, tras 20 años, nadie haya advertido estas irregularidades en el sistema.