El Juez permitirá a un testigo experto, de parte, como testigo.
Lo que debería ser una práctica común en la Justicia santafesina, en los casos de utilización de Cámara Gesell para generación de prueba, es negado sistemáticamente por los jueces – a pedido de los acusadores- como derecho de defensa constitucionalmente establecido.
J.T. es un del joven docente del jardín de Infantes, Ceferino Namuncurá, acusado de un crimen que ha sacudido a la comunidad de Santa Fe. El hecho se vío envuelto, en sus orígenes, en una polémica – vinculada a la entelequia «perspectiva de género» – cargéndose a una primera víctima durante el proceso: La verdad
Fernanda, esposa del acusado ha lanzado duras críticas contra la fiscalía, denunciando falta de transparencia y obstáculos a la defensa que podrían comprometer seriamente la búsqueda de la verdad.
La compañera del acusado, percibió, durante el proceso, la falta de voluntad del órgano investigador, en diferentes actos, que parecen sólo querer afirmar, como sea, que J.T. es culpable.
Según Fernanda, las Cámaras de Gesell utilizadas en el caso son operadas por empleados de la fiscalía, lo que cuestiona su imparcialidad, y lamenta la ausencia de un equipo multidisciplinario independiente que, como lo ordena la propia ley madre del sistema oral de enjuiciamiento provincial.
Ley 12734 /Agosto 2007/ – Art. 160
“…La Corte Suprema de Justicia establecerá la conformación del equipo multidisciplinario antes aludido y proveerá lo necesario para que los actos en que tenga que intervenir un menor se desarrollen en ambientes adecuados conforme a los conocimientos técnicos disponibles al efecto.”
Uno de los puntos álgidos de la controversia es la prohibición por parte de la fiscalía de la participación de un «testigo experto» de parte de la defensa, una medida que no tiene fundamento alguno, más que privar al juez de distintos elementos probatorios a la hora de su decisión.
La defensa argumenta que esta negativa obstaculiza la búsqueda de la verdad y genera dudas sobre la autenticidad de las pruebas presentadas.
A pesar de la aceptación del testimonio de un experto en psicología en la audiencia preliminar, la fiscalía ha objetado su participación en varias ocasiones, generando incertidumbre sobre la validez de los procedimientos judiciales.