Por Pablo Benito – Para un periodista, padre y ciudadano, es una decisión muy difícil hacer público el convencimiento de la inocencia de un acusado de abuso sexual. Se puede perder el trabajo –de hecho, acaba de ocurrir– por investigar las motivaciones, ya no de una “falsa denuncia”, sino de una investigación judicial corrupta, plagada de intenciones y no de errores. Periodismo Salvaje ahondará en dos casos particulares y paradigmáticos producidos en establecimientos escolares (Jardín Ceferino Namuncurá y Escuela Magagno de la ciudad de Santa Fe) y en la salida judicial que se encontró para satisfacer, demagógicamente, a una muchedumbre enardecida con pruebas falsas.
En pròximas entregas demostraremos como la «ideología de genero» no existe más que como instrumento de Poder con el caso de una Jueza – Celeste Minitti- que pone en riesgo una figura como «el abogado del Niño (NNYA)» con una resolución irresponsable y con perspective de Poder contra la infancia.
Investigar, estudiar y analizar causas particulares durante años lleva a determinar un patrón: en las últimas décadas las cárceles se llenaron de internos por casos de abuso sexual, mientras se vaciaron de presos por corrupción, narcotráfico, crimen organizado y estafas financieras.
¿Mentime que te gusta?
Investigar, estudiar y analizar causas particulares durante años lleva a determinar un patrón: en las últimas décadas las cárceles se llenaron de internos por casos de abuso sexual, mientras se vaciaron de presos por corrupción, narcotráfico, crimen organizado y estafas financieras.
Se podría festejar el esclarecimiento de casos de abuso sexual que otrora eran tabú. Pero si, en ese mismo período, el narcotráfico en las calles y barrios, los homicidios, además de las casas y vidas tras las rejas de ciudadanos, se multiplicaron exponencialmente, esa celebración tiene el tinte de distracción ante el fracaso o la permeabilidad del Estado al financiamiento por parte del crimen… y viceversa.
El MECANISMO más perverso de la Justicia
- Se produce la denuncia.
- La fiscalía detiene al acusado, le suma imputaciones y tipos penales para pedir una pena estrafalaria. Los jueces acceden sin mayor control de las garantías constitucionales de mínima razonabilidad.
- Se solicita la prisión preventiva en virtud de la posibilidad de fuga, argumentada en la expectativa de la pena previamente establecida y aceptada por fiscales y jueces.
- La investigación penal se abandona mientras transcurren, alegremente, meses y hasta años. Los familiares del detenido se desangran patrimonialmente por lo que significa sostener un proceso judicial tan prolongado, frente a un Servicio de Defensa Pública raquítico, desfinanciado y sin recursos técnicos ni humanos.
- La privación legal –pero ilegítima– de la libertad por parte del Estado tortura hasta la quiebra al imputado, a quien se le pone sobre la mesa un acuerdo: asumir su culpabilidad a cambio de una reducción en la pena inflada que se solicitó. El proceso probatorio se interrumpe de manera abreviada. El sistema judicial se descongestiona, hay menos trabajo para jueces, los fiscales no deben esforzarse en obtener pruebas, los abogados cobran, y desaparece toda perspectiva de género, de infancias y de lo que realmente ocurrió. Un niño, niña o adolescente transcurrirá su vida bajo el estigma de un abuso no probado. No importa la verdad: importa la condena “jurídicamente formalizada”. La coacción institucionalizada logra la confesión, no la investigación penal.
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No importa la verdad: importa la condena “jurídicamente formalizada”. La coacción institucionalizada logra la confesión, no la investigación penal.
El éxito del MECANISMO
Los datos oficiales del Ministerio Público de la Acusación muestran que:
“Durante el año 2024, un total de 836 personas fueron condenadas por violencia de género o violencia familiar-doméstica mediante procedimientos abreviados. Casi la mitad de estas condenas –404– se dictaron en el ámbito de la Fiscalía Regional 1 (48,3 %), superando ampliamente a la Fiscalía Regional 2, que cuenta con un área de influencia con un 300 % más de habitantes que Santa Fe capital y alrededores”.
Cada 100 condenas por casos de índole sexual y/o violencia de género, 93 se lograron mediante acuerdos, sin llegar a un juicio oral previo.
Todo un éxito para el MECANISMO de la Justicia, y una estafa para la sociedad en lo que respecta a la verdad y la justicia (con “j” minúscula).
¿Hay algún argumento racional para negar la existencia de un plan sistemático de vulneración de los derechos de las supuestas víctimas y de las garantías constitucionales de los acusados?
