Pablo Benito – El senador por Rosario de la provincia de Santa Fe y médico generalista, Miguel Elías Rabbia, pidió formalmente al Poder Ejecutivo que informe en detalle el impacto que tuvo en territorio santafesino la distribución de fentanilo contaminado.

La solicitud de informes incluye seis puntos clave: desde el número de personas afectadas hasta las acciones adoptadas por el gobierno provincial para prevenir nuevos casos. El senador exige saber cuántos pacientes resultaron internados o fallecieron en Santa Fe tras recibir fentanilo contaminado con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia picketti, los mismos microorganismos hallados en lotes comercializados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.
Sobre el accionar del Estado provincial
Además, el legislador reclama datos sobre el seguimiento clínico, psicológico y social brindado a las víctimas y sus familias, así como sobre posibles acciones de acompañamiento integral por parte del Ministerio de Salud y otras áreas del Estado.
El documento también plantea la necesidad de que el gobierno detalle qué medidas concretas se adoptaron para reforzar los sistemas de control sanitario: suspensión de lotes, trazabilidad de productos, capacitación del personal y estrategias de alerta temprana, entre otras.
Uno de los puntos más sensibles del pedido se refiere a la identificación de los lugares donde se halló o decomisó fentanilo contaminado dentro de la provincia, así como al volumen total incautado.
Crónica de una catástrofe anunciada
“La administración médica de fentanilo contaminado no es un hecho aislado, sino el reflejo de una falla grave en los sistemas de farmacovigilancia”, señala el texto presentado en la Legislatura.
La crisis —agrega el documento— afecta sobre todo a sectores vulnerables y exige respuestas urgentes del Estado.
En paralelo, se insta al gobierno provincial a asumir un rol activo como querellante en la causa judicial federal que se tramita en La Plata, para garantizar el acceso a la información judicial y reforzar la transparencia en la investigación de lo que calificaron como “una tragedia sanitaria sin precedentes”.