En diálogo con Periodismo Salvaje, el periodista y presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, dio detalles de la denuncia penal presentada ante la Cámara Federal que apunta a una presunta estructura de corrupción enquistada en el Estado nacional, la cual, según el escrito, operaría desde la Secretaría General de la Presidencia y el Poder Legislativo.
La presentación, patrocinada por la abogada Marcela Carmen Scott, acusa a Karina Milei —hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia—, junto con Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y otros colaboradores, de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro sistemático de coimas, tráfico de influencias y defraudación al Estado.
Las imputaciones: una “Pyme de coimas”
Según la denuncia, la red habría montado un “plan sistémico” para recaudar sobornos de empresas vinculadas al sector farmacéutico, mediante adjudicaciones directas y licitaciones direccionadas. El empresario Eduardo Manuel Covalivker, titular de la droguería Suizo Argentina S.A., aparece señalado como intermediario en el cobro de dádivas.
De acuerdo con los testimonios incorporados, las coimas alcanzarían los 800.000 dólares mensuales, además de un 8% de comisión sobre contratos millonarios con el Estado. Estos fondos habrían provenido de contrataciones de medicamentos y provisión de insumos médicos.
La denuncia cita como prueba clave las declaraciones públicas del abogado Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y exabogado de Milei, quien —según el escrito— habría revelado audios en los que describe la existencia de una organización criminal en el seno del Gobierno, a la que calificó como una “Pyme de coimas”.
Contratos bajo la lupa
El documento judicial menciona adjudicaciones millonarias a Suizo Argentina S.A., entre ellas:
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$41 millones en el Hospital Posadas (mayo 2024).
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$762 millones en medicamentos oncológicos por parte del Ministerio de Salud (febrero 2025).
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$72 millones en un proceso de adquisición de Cetuximab (mayo 2025).
Además, detalla otras operaciones en provincias y la supuesta expansión del grupo empresario hacia rubros ajenos al sector farmacéutico.
Otros negocios y vínculos
La denuncia apunta también a empresas de seguridad y servicios, como Tech Security SRL y Global Protection Service (GPS) Group, asociadas a la familia Menem y adjudicatarias de contratos estatales por montos millonarios.
Los delitos que se investigan
Míguez solicita que se investiguen delitos como:
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Cohecho activo y pasivo (cobro y pago de sobornos).
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Malversación de caudales públicos.
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Fraude a la administración pública.
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Asociación ilícita.
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Lavado de activos.
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Falsedad ideológica y documental.
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Extorsión y tráfico de influencias.
El denunciante advierte que el mecanismo “daña de manera directa el erario público y vulnera derechos básicos como la salud y la seguridad social”.
Pedido de medidas urgentes
El escrito solicita la detención preventiva de los involucrados, el bloqueo de fondos y CUIT de las empresas señaladas y la citación a indagatoria de los funcionarios acusados. También plantea la reserva de acudir a organismos internacionales de derechos humanos en caso de dilación judicial.
“Cada día de libertad de los denunciados colabora a perfeccionar el ocultamiento de sus delitos”, afirma Míguez en el texto presentado.
La magnitud de la denuncia y la jerarquía de los acusados la ubican como uno de los casos más resonantes de presunta corrupción estructural en la actual administración nacional.