Por Pablo Benito – La Justicia santafesina está poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de dos menores —de 5 y 3 años— como consecuencia de un sistema corrupto que protege a la casta política local, incluso en sus perversidades más graves y personales. La denominada mediáticamente como “causa del empresario gastronómico acusado de abuso sexual” debería titularse, en realidad, “la denuncia no investigada de abuso sexual de Darío Scataglini hacia su nieto”, la cual fue notificada el 24 de abril de 2023.
Un año después, el 25 de marzo de 2024, Ainelen Scataglini denunció penalmente a N.D.G. por la misma causa que “el empresario gastronómico” le había atribuido al exdiputado —imputado y en libertad bajo fianza por la “mafia del juego clandestino”—, que lo involucra como lobbista del senador Traferri.
La impunidad, la corrupción y sus “daños colaterales”
Darío Scataglini, además de ser exdiputado e imputado como presunto “armador” de la banda del juego clandestino en representación del senador Armando Traferri —de quien habría sido recaudador—, es padre, abuelo y esposo. Convive con su actual esposa, con un niño de 5 años y con su hija, ya mencionada en la primera entrega de “Las hijas del Poder”.
El historial del exdiputado en este terreno no es menor: acumula más de una acusación por hechos de la misma naturaleza, que nunca llegaron al plano judicial debido al temor que impone su figura.
N.D.G. fue denunciado por Ainelen Scataglini por abuso sexual en perjuicio del hijo de ambos. Lo que
trascendió mediáticamente como “el caso del empresario gastronómico” omitía un dato clave: el antecedente inmediato de esa denuncia era la acusación de N.D.G. contra Darío Scataglini, a partir de relatos del propio niño que describían conductas abusivas por parte de su abuelo, con quien hoy convive.
El historial del exdiputado en este terreno no es menor: acumula más de una acusación por hechos de la misma naturaleza, que nunca llegaron al plano judicial debido al temor que impone su figura.
Quien suscribe recibió innumerables “advertencias”, de parte de colegas, del peligro que implicaba poner la lupa sobre este personaje. Lejos de cumplirse las premoniciones son por decenas los testimonios y documentos que acercaron víctimas de la violencia ejercida por este Clan familiar. Denuncias penales, cartas documento, intimaciones, escándalos en la vía pública, son algunas de las situaciones que certifican la máxima de “quien puede lo más, puede lo menos”.
Denuncias penales, cartas documento, intimaciones, escándalos en la vía pública, son algunas de las situaciones que certifican la máxima de “quien puede lo más, puede lo menos”.
La detención preventiva de N.D.G. –informada por algunos medios un día antes de producirse- no se dio con motivo de la Cámara Gesell, protagonizada por el niño y en la que la denuncia de abuso contra su padre se cayó por inadmisible como prueba. Ocurrió luego que Ainelen y su madre, atacaron – cómo se observa en esta secuencia- a N.D.G y su pareja. El fiscal Broggi y el Juez Urdiales, con creatividad sorprendente, interpretaron que el ataque, en realidad, significaba una violación de la perimetral impuesta por Scataglini.
Ni siquiera el caso Lucio Dupuy pareció alertar al Estado sobre los efectos de ser permeable a los intereses adultos que terminan violentando a las infancias
Preguntas que interpelan
¿Qué respuesta se le ocurre, lector?
¿Por qué la Fiscalía no actuó frente a denuncias indiciarias de un presunto abuso cometido por el abuelo hacia su nieto?
¿Podría ese silencio explicar que, meses después, la familia Scataglini haya impulsado una denuncia penal contra el padre del niño?
¿La Justicia tomó nota de las alertas previas que señalaban que un menor vivía bajo el mismo techo con alguien sospechado de abusar de él?
El fiscal Broggi: ¿elige qué investigar y qué no según las relaciones de poder que involucran a senadores, ministros de Corte y a quienes controlan el destino del dinero de los tres poderes desde el Tribunal de Cuentas?
¿Acaso no importa la (mala) suerte de un niño que lleva un año y medio sin contacto con su padre, detenido preventivamente por supuestamente haber violado una perimetral, hecho que un video viral demuestra que no ocurrió?
El fiscal Broggi: ¿elige qué investigar y qué no según las relaciones de poder que involucran a senadores, ministros de Corte y a quienes controlan el destino del dinero de los tres poderes desde el Tribunal de Cuentas?
¿Existe algún motivo razonable para mantener un virtual secuestro institucional, impidiendo que abuelos y tíos mantengan lazos de identidad con el menor?
¿Es tan grande el poder de Darío Scataglini, o acaso pesa más lo que sabe y puede decir sobre la megacausa del juego?
Así funciona la “casta”: ciudadanos comunes sometidos a la violencia del Estado, usada como herramienta privada de protección.
Lo primero es la familia
Cuando Darío Scataglini fue detenido por la megacausa del juego clandestino, la casa donde vivía con su esposa Virginia Sileoni y su hija Ainelen fue allanada. Se secuestraron teléfonos y quedó al descubierto la promiscuidad del tráfico de influencias en los niveles más grasos de lo cotidiano.
De una conversación entre madre e hija, incorporada a la investigación judicial, se desprende que Sileoni le asegura a Ainelen: “No vas a tener que trabajar más, porque papi arregló en la Legislatura”. Y le recomienda: “No cuentes todavía. Se lo prometió Pipi”, en referencia a Armando Traferri, hoy sindicado como jefe de una asociación ilícita destinada a dar cobertura al juego clandestino, causa en la que Scataglini se encuentra imputado y en libertad bajo fianza.
Lo (no tan) curioso es que en ese momento Ainelen “trabajaba” en el Tribunal de Cuentas, donde había sido designada por Oscar Biagioni junto a otros “hijos del poder”, sin concurso, mediante un mecanismo inventado por el propio titular del organismo bajo el eufemismo de “presentación espontánea de currículums”.
En ese lote de más de 150 nombramientos irregulares, además de Ainelen Scataglini, figuran Rafael Esteban Gutiérrez y Mercedes Rosatti, hijos de jueces supremos en actividad.
El pacto de silencio de la verdadera casta
Lo que aparece como un caso aislado —un niño atrapado en una trama judicial que le niega derechos elementales— es en realidad la fotografía de un sistema entero. La impunidad se vuelve norma cuando el poder político, judicial y económico se confunden en lazos familiares, favores personales y complicidades silenciosas.
La casta se blinda: protege a los suyos, acomoda a sus hijos, garantiza impunidad a sus amigos y utiliza al Estado como una herramienta de persecución contra quienes se atreven a desafiarla.
Mientras tanto, un niño paga el precio. Y la Justicia, lejos de ser su refugio, se convierte en la primera en traicionarlo.