Alejandro Fozani para Periodismo Salvaje – La obra social que se desangra
Creada por Decreto en el 2014 con la fusión de DIBA (Dirección de Bienestar de la Armada,
que cubría al personal de la Prefectura Naval Argentina), IOSE (Instituto de Obra Social del
Ejército) y DIBPFA o DIBFA (Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea)
La tercera más grande del país, con más de 600.000 afiliados, atraviesa una crisis que
desnuda la fragilidad del sistema. IOSFA pasó en poco más de un año de tener superávit y
cobertura integral, a hundirse en un déficit de miles de millones. El resultado: prestaciones
esenciales suspendidas, internaciones rechazadas, vademecum en farmacias reducido
drásticamente y medicamentos para HIV, cáncer y diabetes que ya no llegan.
Ciudades golpeadas, pacientes abandonados
Un recorte sorpresivo
El recorte no es un anuncio oficial, sino un hecho consumado. Sin previo aviso, comenzaron
las suspensiones en Entre Ríos, Bahía Blanca y Mar del Plata. El temor crece: ¿como
frenarán esta crisis? ¿será Santa Fe la próxima en la lista?
Crisis de conducción y ausencia de rumbo
En los últimos 15 meses pasaron tres presidentes por el directorio. Ninguno logró dar
respuestas. Mientras tanto, los afiliados sienten que se quedaron solos, atrapados entre la
burocracia y el abandono.
El actual directorio, cuya presidenta es la CPN Betina Surballe, se compone por 3
representantes del Ejército Argentino, 2 de la Marina, 1 de la fuerza área, 1 por cada gremio
que agrupa la actividad (ATE, UPCN y Pecifa). Los suboficiales y pensionados no tienen
representación.
La respuesta de la calle
Ante el silencio oficial, la reacción surgió de abajo: afiliados y familiares convocaron a una
marcha nacional este jueves 4 de septiembre, exigiendo el restablecimiento inmediato de
las prestaciones.
El dilema constitucional
La pregunta es urgente y va más allá de IOSFA: si la obra social se derrumba, ¿deben los
beneficiarios acudir al hospital público? ¿Podrá este absorber semejante demanda sin
colapsar? O, por el contrario, ¿no debería ser el propio Estado —como garante de la salud y
demás derechos constitucionales— el que responda de manera directa y urgente? En
nuestra capital, ¿está preparada la Justicia Federal para responder?
Alejandro T. Forzani
Abogado Especialista en Derecho de Salud