El gobernador expuso al Poder Judicial, no solo con palabras, sino con la toma de medidas drásticas en seguridad y penitenciarías. Sin embargo, el Poder Judicial no se inmuta en su apatía y avanza hacia su feria judicial, ajeno al conflicto social que se avecina. La grieta es de “velocidades” entre ambos poderes y la urgencia es sincronizar los esfuerzos y recursos para imponer el monopolio de la violencia del Estado en la calle.
“Doctrina del shock”
“La Justicia es cara e ineficaz”, dijo tajante el Gobernador Pullaro durante su discurso de asunción frente a la Asamblea Legislativa y los ministros de la Corte Suprema presentes en el recinto. La dureza de la afirmación sorprendió tanto a los representantes del Poder Judicial que ni siquiera tuvieron reflejos para defender su posición en términos políticos. No esgrimieron alguna ecuación presupuestaria que claramente no respondiera al diagnóstico por el cual el gobernador manifestó, abiertamente, la necesidad de renovar la corte.
La renovación no refiere exclusivamente al desgaste biológico de sus integrantes ni a un juicio de valor sobre la aptitud moral de los mismos. Es la realidad la que demanda un Poder Judicial con prepotencia de trabajo y que se sienta “incómodo” ante el fracaso de una política judicial cuyos “tiempos” van a contramano de lo que exigen los tiempos sociales que ha entregado el territorio y la calle al crimen organizado.
Pullaro sacudió a “sus señorías”
Días después de esas duras palabras, el gobernador irrumpió como una tromba desde el Ejecutivo, invadiendo la “zona de confort” de la burocracia en la administración pública que hacía la plancha en el área de seguridad desde hacía varios meses. Declaró “el Bloqueo total de las funciones administrativas, suspendiendo y desafectando por el plazo de noventa (90) días al personal de las Fuerzas de Seguridad que se encuentre desempeñando tareas administrativas en las distintas dependencias de la Policía de la Provincia de Santa Fe, quedando afectados a tareas eminentemente operativas y a disposición de las autoridades máximas de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia. Suspender, a partir de la presente y por el plazo de noventa (90) días, el uso de licencias por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia, en razón de las medidas de excepción vinculadas con la situación de emergencia operativa de la Provincia de Santa Fe.”
Al día siguiente, pegó fuerte en el sistema penitenciario, tomando una decisión que generó una gran tensión en el mundo del hampa: restituyó los pabellones de alto perfil para reclusos condenados por narcotráfico y sicarios. O visto de otra manera más real, desmanteló el cuartel de operaciones del crimen organizado que funcionaba a plena luz del día desde Piñeiro.
Era cuestión de horas. Dos balaceras, una en el Hospital Clemente Álvarez de Rosario y otra en un banco de la misma ciudad, sellaban la mafiosa amenaza de muerte contra la propia familia de Maximiliano Pullaro. Desde la Nación y aun acicalándose para entrar en acción, solo atinaron a twitear solidaridad, como meros espectadores, a pesar de ser Rosario el problema central en seguridad, marcado por Milei en la explanada del Congreso.
Acciones más que manifestaciones
Algunos mensajes más de solidaridad para con Pullaro y su familia, entre los que no se encuentra el ex gobernador y diputado provincial, Perotti, ni los principales referentes del justicialismo santafesino. Desde la oposición institucional, solo Granata y el FAS – Del Frade, Balagué y Palo Oliver- brindaron su apoyo público ante la amenaza.
Por otra parte, un extraño y escueto mensaje de “empatía” partió desde el Ministerio Público Fiscal, en donde se manifestaba el “más enérgico repudio a las amenazas efectuadas al gobernador de la provincia de Santa Fe”. En el mismo sentido, un día después, los ministros de la Corte Suprema “hacen llegar su más profunda solidaridad al Señor Gobernador, Maximiliano Pullaro, y su familia, a la vez que manifiestan su más absoluto repudio a las amenazas de las que fue víctima, reiterando el compromiso institucional de afianzar la justicia, la paz social y la aplicación estricta de la ley ante cualquier hecho ilícito que afecte los derechos de las personas, la convivencia pacífica y los valores democráticos”.
Las amenazas que marcan el camino
En total disonancia con la energía puesta por el Gobernador, que motivaron esas amenazas, el propio Poder Judicial, desde sus autoridades, relevaban de pruebas a un gobernador que hace horas tildó de “cara e ineficaz” a la Justicia, que se manifestaba como un “espectador” ante el accionar mafioso contra el máximo mandatario que le puso el cuerpo a una ofensiva contra el poder criminal que tiene en vilo al santafesino.
La “solidaridad” no estuvo en consonancia con las decisiones políticas del Ejecutivo, que declara la emergencia en seguridad y saca hasta el último agente a la calle, suspende licencias y se focaliza en tres meses de ofensiva con todo el medio disponible para sorprender a los delincuentes.
El Poder Judicial no despierta. Prepara las valijas para iniciar su tradicional “Feria Judicial” sin admitir, siquiera, la posibilidad de un estado de excepcionalidad en donde, claramente, por motivos exógenos y propios a la provincia, nos encontramos frente a una situación de inminente conflicto social no solo en el delito, sino también en lo civil y comercial, luego de que se haya anunciado un ajuste de proporciones inéditas que impactará sobre la vida, la convivencia y la paz social de los ciudadanos.
Cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro
Los tribunales continúan siendo “Palacios”, con alfombra roja y privilegios mientras en la calle se cocina a fuego fuerte la conflictividad social en la que la vía institucional debe garantizar en manos del Estado y, en este caso, compartir trinchera con un gobernador decidido a cambiar la dinámica de la guerra contra el crimen e ir a buscarlo para diezmarlo.
Habrá tiempo de audiencias, varias, para el juicio de valor para adjetivar performance. Hoy lo que impera es la necesidad de los tres poderes transpirando en este verano crítico e inaugural de una nueva etapa en la nación y la provincia.
Los santafesinos tenemos un multiplicador exponencial a la devaluación y la inflación que es la inseguridad. Eso es lo que desde la invencible podemos abordar.