El Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales del Litoral, creado a partir de la convocatoria de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APyMe), conformado por profesionales del derecho, la comunicación y empresarios santafesinos, realizó un amplio trabajo de análisis de las distintas leyes enviadas por el Gobernador a la legislatura, en lo que refiere al sistema penal desde una perspectiva coyuntural de emergencia en seguridad. A su vez, desde el Instituto trabajamos en propuestas en materia tributaria, laboral y constitucional que puedan dar una respuesta integral a un momento crítico de la sociedad santafesina que se presenta como una oportunidad institucional para reconocer las transformaciones culturales y relacionales que trajo la revolución digital y que demandan la urgente modernización del Estado.
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Las modificaciones al sistema penal propuestas por el Gobernador.
En el marco de la búsqueda constante de mejoras y eficiencia en el sistema de justicia penal, se presentan a continuación una serie de propuestas con el objetivo de optimizar los procesos judiciales y garantizar una administración de justicia más ágil y efectiva, evitando lesiones a derechos constitucionales y convencionales:
- Clarificación del Concepto de Domicilio Procesal: Se propone definir de manera precisa y clara el concepto de domicilio procesal, distinguiéndolo del domicilio real de las personas involucradas en procesos judiciales. Además, se sugiere la implementación optativa de un domicilio electrónico sustitutivo del domicilio real, con el fin de facilitar la comunicación y agilizar los trámites judiciales.
- Optimización de la Atribución Imputativa: Se plantea la necesidad de mantener la atribución imputativa en un formato oral y adversarial, evitando retroceder a sistemas escritos que puedan ralentizar el proceso judicial. Es fundamental mantener la dinámica actual y garantizar la oralidad en todas las etapas del proceso.
- Control del Plazo de Detención Fiscal: Se propone mantener el plazo máximo vigente para la detención fiscal por ser razonable y armónico con las disposiciones de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, evitando prolongaciones innecesarias que puedan vulnerar los derechos de los investigados. Este control contribuirá a agilizar los procesos y garantizar un tratamiento justo y equitativo para todos los implicados.
- Reducción de Plazos en la Investigación Penal Preparatoria: Se sugiere reducir al mínimo indispensable la duración de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), concentrando los esfuerzos en recopilar evidencia de calidad y avanzar rápidamente hacia la etapa intermedia del proceso. Esto permitirá evitar dilaciones injustificadas y agilizar la administración de justicia.
- Despacho de Prisión Preventiva con Plazo Expreso: Se propone que toda prisión preventiva sea despachada con un plazo expreso y determinado, evitando prolongaciones indefinidas que puedan vulnerar los derechos de los imputados. Esta medida garantizará un tratamiento justo y proporcional en materia de privación de libertad, así como descongestionar la sobrepoblación carcelaria.
- Previsión Legal de Recursos Investigativos Imprescindibles: Se plantea la necesidad de incluir en la legislación recursos investigativos como el agente encubierto, fundamentales para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana.
- Designación de Jueces de Ejecución de Penas con Competencia Exclusiva: Se sugiere que los jueces de ejecución de penas cuenten con dedicación exclusiva y una cantidad proporcional a la población carcelaria, garantizando así una gestión eficiente y especializada en esta área tan sensible del sistema judicial.
Estas propuestas, orientadas a mejorar la eficiencia y la celeridad en el sistema de justicia penal, representan un paso importante hacia la consolidación de un sistema más justo, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Por Pablo Benito y Rodolfo Mingarini (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Litoral)