Pablo Benito –
La Ley Provincial 14.384 ha abierto la puerta a una reforma constitucional en Santa Fe, estableciendo con precisión los artículos que podrán ser modificados. Este proceso representa una oportunidad histórica para redefinir el marco institucional de la provincia, pero también plantea desafíos en términos de legitimación y comunicación cívica y social.
El proceso determina el liderazgo y viceversa
El debate en torno a la reforma constitucional no solo gira en torno a los cambios propuestos, sino también a la construcción de una percepción histórica sobre el proceso. En este sentido, la figura del gobernador Maximiliano Pullaro ocupa un rol central en el escenario. Postularse como cabeza de la lista oficialista de convencionales constituyentes refleja su intención de consolidar su liderazgo más allá de los límites provinciales.
En este contexto, el propio Mauricio Macri está evaluando tanto a Pullaro como a Scaglia en su proyección nacional, caracterizada por una postura moderada e institucionalista, en contraposición a la crisis de imagen que enfrenta Javier Milei con el CriptoGate.
En medio de este panorama, la reforma constitucional de 2025 se perfila como un desafío clave para Pullaro: deberá demostrar si es capaz de trascender como un verdadero estadista con visión institucional o si su liderazgo será percibido como meramente coyuntural. Este proceso le ofrece la oportunidad de diferenciarse de otros líderes nacionales y de posicionarse con una imagen alternativa a la del actual presidente.
Su estilo de conducción, marcado por un fuerte verticalismo que trasciende estructuras partidarias y corporativas, le otorga una dimensión comparable a la que representó Estanislao López con el Estatuto Provincial de 1821, la primera carta magna de la Nación.
Estadista o líder coyuntural: esa es la encrucijada que le presenta la reforma constitucional santafesina.
La clave: la valorización del proceso
Más allá del aspecto electoral y político, la verdadera trascendencia de la reforma dependerá de su apropiación por parte de la ciudadanía.
El Estado provincial debería diseñar una estrategia territorial que incluya su enseñanza en los distintos niveles educativos y la capacitación en administración cívica. El objetivo es informar de manera objetiva sobre los cambios propuestos y sus implicancias.
Sin embargo, este proceso no estará exento de resistencias. Uno de los principales cuestionamientos que podría surgir es la acusación de adoctrinamiento educativo o el uso de recursos estatales con fines propagandísticos.
Para evitar esto, la propia Legislatura puede aportar legitimidad al proceso convencional, garantizando una estrategia de divulgación y participación popular que vaya más allá de la contienda electoral.
La reforma constitucional en Santa Fe no es solo un asunto legislativo, sino un proceso que exige una construcción social y comunicacional sólida. El éxito dependerá de convertir este debate en una auténtica política de Estado, asegurando su legitimidad a través de la educación y la participación ciudadana. Con un enfoque técnico y un liderazgo claro, la provincia tiene la oportunidad de dejar una huella institucional perdurable en su historia democrática, en un contexto de creciente complejidad política y social.