VER NOTA «EL NARCO DETRAS DE UN CASO TRIBUNALES DE FAMILIA» VER
Pablo Benito – Integrantes de la Asociación Civil Red Viva y la abogada Dra. Ana Lapissonde, fueron recibidas, este lunes próximo pasado, por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Rafael Gutierrez, luego de que el Colegio de Abogados, haga pública su preocupación con respecto al trato que recibían los letrados que litigaban en el Tribunal de Familia N°2. La queja iba dirigida, concretamente, ante la Jueza de Familia, Dra. Liliana Michelassi.
Un antiguo y recurrente reclamo
La ONG, Red Viva, ratificó la denuncia presentada, oportunamente, ante el Procurador de la Corte Suprema, Dr. Jorge Barraguirre, en la que se hacía mención a casos en los que dos magistrados habrían actuado violando garantías procesales y constitucionales, especialmente, referidas al “Interés Supremo de niños, niñas y adolescentes”.
Pedido de Juicio Político
La presentación fue realizada en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 10.160). Los denunciantes, representados por la Dra. Lapissonde, adjuntaron antecedentes del obrar de dos Magistrados – Dra. Michelassi, y Fabio Della Siega – en un expediente con numerosos casos y 180 fojas que lo fundamentan.
El pedido realizado se basa en la convicción, por parte de los denunciantes, de que existen motivos suficientes para promover un jury de enjuiciamiento, ya que consideran que se han vulnerado y violado derechos humanos, elementales, tanto en los procesos como en las resoluciones presentadas como prueba.
El hecho superó los límites.
Tal como Periodismo Salvaje lo había descripto a partir de un comunicado del Colegio de Magistrados, en el que se mencionaba hechos intimidantes acaecidos en el hall de los tribunales de familia, de calle Tucumán, el 18 de abril pasado. Se pudo reconstruir que los hechos de violencia, resultaron como corolario de una resolución sobre la tutela de una pequeña de 8 años que separó de su hermano de 13. Esa resolución motivó que, con anterioridad, al comunicado corporativo la Jueza, Dra. Liliana Michelassi, había sido denunciada, penalmente, por incumplimiento de funcionario público de parte de la familia a cargo de la menor – luego de la muerte de sus padres.
Investigación penal
La denuncia, finalmente, llegó al Ministerio Público de la Acusación y es la fiscal, Roxana Peressin, quien encaró el proceso judicial, en cuestión, realizado por la jueza y deberá resolver si inicia, o descarta, una Investigación Penal Preparatoria que determiné si existió el incumplimiento de los deberes de funcionario público, denunciado en este caso particularmente.
La niña de 8 años, en cuestión, luego de hechos de violencia suscitados en el marco del cambio del centro de vida y el entorno de su hogar designado, ha vuelto a su casa junto a sus hermanos, sus tíos y primos.
En este caso la tutela decidida en pocas horas no contaba con la designación de abogado del niño, la menor no había sido escuchada y no se dio intervención del Equipo Interdisciplinario de la Corte Suprema de Justicia. El trámite carecía de todo tipo de informes socio ambientales que corresponden a cualquier resolución de otorgamiento de tutela.
Vuelta atrás y consecuencias para la niña
Cómo era de suponer y apenas semanas después del trámite exprés de tutela, lamentablemente, lo decidido por la magistrada volvió atrás en un acuerdo de urgencia, extra judicial, que tuvo que enmendar el daño provocado a la niña separada de sus vínculos, sanguíneos, más cercano y de manera violenta.
El stress de una pequeña, que no pudo siquiera transitar el duelo de la muerte de su padre, eclosionó y la propia destinataria de la tutela, otorgada por la jueza, desistió de su pretensión dado que la niña sufría el desgarro de su entorno más cercano.