Pablo Benito – “Tenemos por delante el desafío de discutir la Constitución más moderna de la República Argentina”, expresó Maximiliano Pullaro, en referencia a la reforma constitucional que lo tiene como principal artífice e impulsor.
Si pretendemos que Santa Fe, a partir de su Constitución, sea un faro de modernidad en Argentina, es responsabilidad de los asambleístas incorporar estas temáticas a la cotidianeidad del ciudadano. Esto ya sucede, muchas veces de forma inconsciente, y desborda a una dirigencia política, empresarial y social que a menudo manifiesta impotencia y termina delegando su poder en lo artificial.
El futuro exige un Estado capaz de actuar con la misma agilidad que las tecnologías que transforman al mundo. Esta reforma busca precisamente eso: que la Constitución deje de ser un documento anclado en el pasado y se convierta en la plataforma jurídica del porvenir.
Respuestas sin preguntas
Ahora bien, ¿qué significa modernizar la Constitución? ¿Alcanza con ponerle color al sepia de la reforma de 1962? ¿Es suficiente incorporar un lenguaje más coloquial e inclusivo en su redacción?
Si bien es cierto que el proceso reformador cuenta con escasa participación ciudadana —reflejada en la baja concurrencia en la elección de constituyentes—, también es justo reconocer que la historia no podría confirmar que en otros procesos haya sido diferente. Aunque podría destacarse, como virtud democrática en la composición de quienes integrarán la asamblea constituyente, la ausencia de una autoridad hegemónica proveniente de sectores intelectuales que, históricamente, se autopercebieron como élites excluyentes en la interpretación de las necesidades que marca cada época para afirmar el contrato social representado por la Carta Magna.
La modernidad —quizás postmodernidad—, en ese sentido, no deviene de ideologías ni de proposiciones éticas o morales. Es la revolución tecnológica la que resignifica y pone en crisis el «valor» democracia tal como la conocemos, y nos conduce hacia una «Era del vacío», como la describió Gilles Lipovetsky, donde la política se reduce a la gestión de la vida cotidiana, perdiendo su capacidad transformadora de la sociedad en términos generales.
Una Constitución para el nuevo ecosistema digital
La era digital no solo transformó la economía y la vida cotidiana: también ha puesto en jaque las estructuras jurídicas y administrativas tradicionales. En este contexto, crece el consenso sobre la necesidad de una reforma constitucional que incorpore derechos digitales, educación financiera obligatoria, inteligencia artificial ética y la modernización del Estado mediante tecnologías como blockchain.
La velocidad con la que avanzan tecnologías como la inteligencia artificial y blockchain ha superado la capacidad de respuesta de muchos sistemas jurídicos. No puede hablarse de una «actualización constitucional» sin incluir estas herramientas, no solo como fenómenos tecnológicos, sino como piezas clave para garantizar derechos ciudadanos y fortalecer la transparencia democrática.
Los ciudadanos tienen derecho a comprender y controlar cómo se toman decisiones
La reforma provincial, para estar a la vanguardia del derecho constitucional, debe reinterpretar principios para una inteligencia artificial ética y un Estado digital confiable, basado en blockchain como infraestructura transversal que pueda ser utilizada por los ciudadanos desde su propio interés individual.
Blockchain: transparencia, trazabilidad y confianza
La tecnología blockchain, conocida principalmente por su uso en criptomonedas, tiene un potencial mucho más amplio. Su capacidad para crear registros inmutables y verificables la convierte en una herramienta poderosa para la modernización del Estado.
Hablamos de trámites públicos sin intermediarios, sistemas electorales más seguros, distribución transparente de recursos y contratos inteligentes aplicados a políticas públicas. Pero esto requiere un marco constitucional que respalde su implementación y regulación.
Proyectos piloto en países como Estonia, Colombia y Suecia demuestran cómo blockchain puede reducir la corrupción, acelerar procesos y mejorar la confianza en las instituciones.
El propio presidente Milei, antes de que lo absorba el desgaste de la «diaria», trajo de sus primeros viajes a Silicon Valley una idea que pasó desapercibida: «Google tiene un sistema armado para hacer la reforma del Estado por Inteligencia Artificial». La indiferencia politizada frente a esta «novedad» ignoró una realidad que, por acción u omisión, terminará imponiéndose más allá de Alphabet, y que nuestra Constitución provincial podría incorporar como parte de una agenda de transformación.
Educación financiera: más necesaria que nunca
La digitalización también ha transformado las finanzas personales. Nuevas formas de inversión, como las criptomonedas o los préstamos descentralizados (DeFi), han abierto oportunidades, pero también riesgos. En este escenario, la educación financiera cobra una relevancia fundamental.
Sin conocimientos financieros, la ciudadanía está expuesta a fraudes, deudas excesivas y malas decisiones económicas. La educación financiera debe ser un derecho, no un privilegio.
Incluirla en la Constitución implicaría que el Estado garantice su enseñanza desde los niveles básicos hasta la adultez, adaptándose a los cambios del entorno digital.
Las nuevas tecnologías pueden percibirse con temor ante narrativas distópicas del futuro, como ha ocurrido históricamente ante cada avance tecnológico, o pueden ser vistas como una oportunidad para transformar el conocimiento en una herramienta de desarrollo humano.
IA y blockchain al servicio de la ciudadanía
La sinergia entre inteligencia artificial y blockchain ofrece soluciones innovadoras para fortalecer el Estado. Desde sistemas educativos que se adaptan al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, hasta contratos inteligentes que ejecutan políticas públicas de forma automática, las posibilidades son enormes.
Imaginemos un sistema de subsidios que verifique de forma automática, mediante IA, los requisitos de los beneficiarios, y registre cada transacción en blockchain para que sea auditable por cualquier ciudadano. Eso sería modernización real, con transparencia, eficiencia y un sentido profundamente humanista.
Hacia una reforma integral
- El derecho a la educación financiera como garantía constitucional.
- La regulación ética de la inteligencia artificial.
- El uso de blockchain para modernizar la administración pública.
- La creación de un órgano autónomo digital con capacidad de supervisión, innovación y control de estas tecnologías.
Esta columna plantea que las herramientas tecnológicas no son ni buenas ni malas: cuanto antes las comunidades las asuman como oportunidades y no como amenazas, más cerca estaremos de dominar la técnica en lugar de ser dominados por ella.
Más temprano que tarde, la provincia deberá enfrentar resistencias políticas y desafíos técnicos. Será clave el rol del sector académico, tecnológico y empresarial en la construcción de una nueva versión del contrato social, que nos encuentre, como santafesinos, reformando nuestra Constitución.