Fernanda De Luca – Dos años y medio privado de la libertad a la espera de un juicio. Dos años y medio de interrupción del vínculo entre un niño y su padre, pero también con toda su familia paterna. Finalmente, Nico fue absuelto. Pero la resolución judicial abre preguntas mucho más profundas que el cierre de un expediente.
¿Hemos llegado al punto de naturalizar que una investigación, basada en una sospecha —fundada o no—, pueda arrasar con derechos fundamentales antes de que exista una condena? ¿Existen realmente mecanismos alternativos que el Estado pueda implementar para resguardar a todas las partes mientras investiga? ¿O el daño emocional, afectivo y psicológico que atraviesa un niño durante estos procesos resulta irrelevante cuando es provocado por las propias instituciones?
Si luego se comprueba que el abuso nunca existió, la pregunta se vuelve todavía más incómoda: ¿quién causó entonces el mayor e irreparable daño?
La denuncia y la condena anticipada
Resulta alarmante que, en un Estado de derecho, parezca haberse instalado la idea de que una acusación equivale automáticamente a culpabilidad. Bajo esa lógica, el Estado se considera habilitado para avanzar sobre derechos esenciales en nombre de una supuesta búsqueda de justicia o de la protección de presuntas víctimas.
Sin embargo, muchas veces lo que emerge no es justicia, sino una respuesta atravesada por el punitivismo, los prejuicios y, en ocasiones, por la alarmante incompetencia de funcionarios que tienen en sus manos la vida de personas y familias enteras.
Las consecuencias no son abstractas. La prisión preventiva prolongada, la ruptura de vínculos familiares y el estigma social dejan marcas profundas incluso cuando la absolución llega. Porque hay tiempos que no regresan y heridas que permanecen.
El rol de las instituciones
Las ciencias sociales llevan décadas advirtiendo sobre la necesidad de abordar las problemáticas humanas desde múltiples perspectivas, reconociendo los condicionamientos, prejuicios y limitaciones con los que observamos la realidad.
También insisten en la importancia de no descartar hipótesis de manera anticipada, especialmente en contextos familiares complejos y sensibles. Sin embargo, en muchos ámbitos institucionales donde se interviene sobre conflictos familiares y denuncias graves —sobre todo cuando hay niños involucrados—, esa mirada parece haber desaparecido.
En su lugar, con demasiada frecuencia, avanzan las miradas sesgadas, el oportunismo, la burocracia, la incapacidad y la cobardía institucional.
Una discusión urgente
La absolución de Nico obliga a discutir algo más amplio que un caso particular: cómo construir un sistema judicial capaz de investigar con seriedad y proteger a posibles víctimas sin destruir, de manera anticipada, derechos fundamentales y vínculos humanos irrecuperables.
La justicia debe estar comprometida con la verdad, no con respuestas automáticas ni condenas sociales previas al juicio.
Porque «proteger» derechos no puede significar el avasallamiento de otros derechos.
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